Resumen: Agresión sexual a menor de 16 años. Presunción de inocencia. Valoración de la testifical de la víctima. Solicitada la revisión de la pena por la entrada en vigor de la Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual, no se revisa la pena pues siendo que los hechos se consideran constitutivos de un delito de agresión sexual a menor de 16 años, sancionado en los arts. 181.1 , 2, 3 y 4 y 74 CP, el arco de la pena de prisión aplicable sería de 13 años y 9 meses a 15 años, y por tanto superior al contemplado en la anterior legislación. Además, la nueva ley obliga a imponer las penas previstas en el art. 192.3 CP. El marco penológico aplicable con la ley posterior resulta más perjudicial para el condenado.
Resumen: El condenado formula recurso de casación contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia que confirmó la condena por un delito continuado de abuso sexual a menor de 16 años. Ámbito del recurso de casación tras la Ley 41/2015. Presunción de inocencia. Testimonio de referencia. Se ha admitido el testimonio de referencia en los casos de imposibilidad real y efectiva de obtener la declaración del testigo directo y principal, lo que se ha apreciado en aquellos supuestos en los que el testigo directo se encuentra en ignorado paradero, por lo que es imposible su citación, o en los que la citación del testigo resulta extraordinariamente dificultosa. El testimonio de referencia tiene valor como prueba complementaria para reforzar lo acreditado por otros elementos probatorios, o bien el de una prueba subsidiaria, para ser considerada solamente cuando es imposible acudir al testigo directo, porque se desconozca su identidad, haya fallecido o por cualquier otra circunstancia que haga imposible su declaración testifical. El testimonio de referencia es apto para introducir en el proceso manifestaciones espontáneas realizadas por un menor fuera del mismo, que no ratificó a presencia judicial. LO 10/2022. No procede su aplicación retroactiva dado que los hechos están castigados con la misma pena que la normativa vigente al tiempo de cometerse los hechos.
Resumen: Derecho de defensa. No toda exclusión de un medio de prueba propuesto por la parte implica vulneración del derecho de defensa, la práctica de la prueba no es derecho absoluto e incondicionado. Se requiere que la indefensión nazca porque la privación conduce a la frustración del objetivo probatorio de la parte. Se requiere también que el eventual resultado del medio resulte de indudable relevancia, esto es, que el medio probatorio debe tener potencialidad para modificar de alguna forma relevante el sentido del fallo, a cuyo efecto el Tribunal puede tener en cuenta el resto de las pruebas de que dispone. Junto a ello, la práctica del medio probatorio ha de resultar posible en el caso concreto, equiparándose a la imposibilidad de la práctica todos aquellos supuestos en los que la dificultad de abordar la prueba es extrema, o todos los casos en los que el esfuerzo de la realización de la prueba es notoriamente desproporcionado al esclarecimiento que puede proporcionar. En el caso enjuiciado se descarta la indefensión por imposibilidad de su práctica, el testigo presentaba unas limitaciones cognitivas que impedían que optara de manera consciente y válida entre su derecho a guardar silencio o afrontar el interrogatorio con capacidad para comprender su responsabilidad. Diferencia entre coautoría material y directa. Cooperador y complicidad. Doctrina del TS. Los testaferros o hombres de paja deben ser considerados como autores del delito, su colaboración es decisiva.
Resumen: Tras el examen de la vídeo grabación del juicio, no podemos tener por probados los hechos objeto de acusación. Con ello no queremos decir, en absoluto, que Dña. Sonia esté faltando a la verdad, sino que simplemente estamos valorando toda la prueba y al surgirnos dudas sobre lo realmente acontecido por las vaguedades e imprecisiones que se aprecian durante el visionado del juico en las declaraciones prestadas, dichas dudas únicamente pueden ser resueltas a favor del acusado, por imponerlo así el artículo 24 de la CE , del que deriva el principio "in dubio pro reo", que conlleva una resolución absolutoria en cuanto a estos hechos no probados.
Resumen: El control casacional, en relación a la presunción de inocencia, se concreta en verificar si la motivación fáctica alcanza el estándar exigible y si, por ello, la decisión alcanzada por el tribunal sentenciador es, en si misma considerada, lógica, coherente y razonable, de acuerdo con las máximas de experiencia, reglas de la lógica y principios científicos, aunque puedan exigir otras conclusiones, porque no se trata de comparar conclusiones sino más limitadamente si la decisión escogida por el tribunal sentenciador soporta y mantiene la condena. La persistencia no exige una repetición mimética, idéntica o literal de lo mismo sino la ausencia de contradicciones en lo sustancial y en lo relevante. Se ha consolidado un cuerpo de doctrina para supuestos de sucesión normativa, según el cual el cotejo debe hacerse comparando en bloque ambos esquemas normativos, pues solo así puede detectarse que régimen resulta más beneficioso. La comparación entre dos normas penales, a los efectos de determinar la que resulta más favorable, no puede efectuarse en abstracto, sino de forma concreta.
Resumen: Si se alegase razonadamente que la persona que se ve acusada desconoce, en términos que le originan una carencia limitativa de su capacidad defensiva, ese previo sustrato inculpatorio que sostiene el juicio oral, y que su declaración en primer lugar pudiera originarle indefensión, sí estaría fundado dar lugar a su declaración en último lugar, precisamente en pro de garantizar su derecho de defensa. Delito de abuso sexual sobre menor cometido sobre varios menores con los que el acusado mantenía una relación estrecha familiar o de amistad. La medida de libertad vigilada es preceptiva y tiene plena justificación, a fin de garantizar que no se reproduzcan comportamientos como los enjuiciados, y pueda corregirse la eventual tendencia delictiva. La fijación de una indemnización por daños morales derivados de la comisión de un delito doloso no es necesario que se ajuste a los criterios establecidos en el Baremo de la Ley de Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a motor, cuyo ámbito de aplicación se limita a ese ámbito de actividad. No obstante, el tribunal puede aplicar analógicamente el baremo siempre que la naturaleza de la indemnización que haya de establecerse así lo permita, lo que no excluye que también pueda fijarla atendiendo a criterios de libre arbitrio judicial.
Resumen: Considera la sentencia que la prueba de cargo fue correctamente valorada por la juzgadora de instancia, ya que la pluralidad de efectos que fueron intervenidos (dos abrigos en poder de una acusada y un bolso ajeno en poder de la otra) permiten descartar que ambas portaran bienes ajenos valiosos por un error o por razones que quedan carentes de explicación razonable, por lo que acreditado el acto de apoderamiento de un objeto que suele contener dinero y objetos de valor, que lógicamente el sustractor suele desconocer antes de ejecutar su acción, el valor definitivo de los mismos superior a 400 euros viene cubierto por dolo eventual, pues al autor de la sustracción, salvo supuestos muy excepcionales de apoderamiento de objetos de aparente poco valor, realiza su acción aceptando la posibilidad de que en su interior haya bienes que excedan el límite que separa el delito leve del menos grave, como se concluye en la resolución apelada. Si bien la sentencia parte del hecho de que ambas acusadas sustrajeron de consuno todos los efectos citados y luego se los repartieron a la salida del local, lo cierto es que la única prueba directa es que las citadas se encontraban en el exterior de la Discoteca, lo que no constituye elemento suficiente para considerarlas coautoras de todas las sustracciones operadas, por lo que la Sala revoca la sentencia en el sentido de atribuir a cada una de las acusadas la sustracción de los efectos que le fueron intervenidos.
Resumen: Anula la sentencia de la Audiencia Provincial que absuelve a un acusado del delito de estafa procesal continuada. Apelación contra sentencias absolutorias. Acusado que se aprovecha de la discapacidad mental de otro, y de su condición de tutor judicial del mismo, para llevar a cabo operaciones dinerarias e inmobiliarias en su propio beneficio y en perjuicio de una sociedad de la que era administrador único. Acusación particular. Expulsión del proceso de una sociedad que se persona en la causa como acusación particular, por haber adquirido a otra y entrar en su posición como perjudicada por las conductas objeto de acusación. Tutela judicial efectiva que se ve vulnerada por la imposibilidad de ejercer las acciones penales y civiles contra el acusado. Nulidad del juicio y retroacción del proceso para su repetición por tribunal distinto y con observancia de las previsiones legales.
Resumen: Indicios plurales que permiten sostener la hipótesis del delito, como mera probabilidad; y ello justifica el dictado de auto de procesamiento. A diferencia de lo que ocurre en el ámbito del procedimiento abreviado, en el del sumario ordinario, la decisión de sobreseimiento o apertura de juicio oral (la llamada fase intermedia) se adopta una vez que las actuaciones han sido remitidas al órgano competente para el enjuiciamiento. Fianza por al presunta comisión de un delito que lleva aparejadas severas penas por afectar de modo gravísimo a la indemnidad sexual de otra persona, de modo que, resulta razonable suponer como probable una responsabilidad civil que alcance cierta cuantía para el caso de que llegara a dictarse sentencia condenatoria por los hechos indiciariamente acreditados. El daño moral no necesita estar especificado en los hechos probados cuando fluye de manera directa y natural del relato histórico o hecho probado, pudiendo constatarse un sufrimiento, un sentimiento de su dignidad lastimada o vejada, susceptible de valoración pecuniaria sin que haya en ello nada que se identifique con pura hipótesis, imposición o conjetura determinante de daños desprovistos de certidumbre o seguridad.
Resumen: Declaración de la víctima en la que no concurre ninguna causa ni motivo para referir unos hechos que no se atengan a la realidad de lo ocurrido. Delitos de agresión sexual para los que se busca un ámbito de intimidad ajeno a miradas de terceros, es lo que conlleva que frecuentemente la única prueba con la que se cuenta es con la declaración de la víctima. Penas a imponer por estos delitos que van más allá de la pena privativa de libertad y que se determinan con carácter imperativo en el art 192 del Código Penal y que amparan la imposición, no solo de la inhabilitación para cualquier profesión u oficio en los que se tenga contacto con menores, sino también el período necesario de libertad vigilada, aunque el contenido de la misma quede pospuesto a los momentos anteriores a la finalización de la pena de prisión. Responsabilidad civil por los daños morales ocasionados a las víctimas. Cuantificación de esos daños morales.
